Gas Sayago no respeta el proceso legal y presiona a la DINAMA, hipotecando el dinero de todos los Uruguayos, sin haber Autorización Ambiental.
Sin haberse realizado la audiencia pública, ni tener la autorización ambiental necesaria para la instalación de la Regasificadora en Puntas de Sayago, Gas Sayago firmará no con GDF Suez como se anunciara sino con GNL Montevideo S.A (quien no tiene fiadores ni garantes). Se transforma esta firma en una clara señal de presión en un proceso turbio, sin transparencia y sin participación real de la ciudadanía.
No es esta la primera señal de falta de transparencia del Gobierno en este proceso. Mediante constantes declaraciones de prensa dando por hecho la instalación de la regasificadora, falta de transparencia en el proceso y la existencia de un expediente que se nos niega por clasificado, que indicaría que la localización de la regasificadora en Puntas de Sayago sería inviable .
Nos preguntamos qué se pretende ocultar con la clasificación de este documento como reservado. Exigimos que se nos garantice que este expediente no haya descartado este lugar por algún motivo de seguridad.
Son muchas las cosas que se están ocultando y muchas otras debieran tenerse en cuenta. Una de las más importantes es sin duda la posibilidad de un siniestro, ya que la distancia de los centros poblados no se ajusta a las normas internacionales que indicarían 6.5Km. como mínimo para garantizar la seguridad de las poblaciones. No se estarían respetando los protocolos internacionales que existen. El proyecto no se ajusta a las normas sino que parecería que las normas se ajustarán al proyecto, privilegiando el carácter económico empresarial en contraposición de la seguridad de la población.
Ya hemos visto los resultados económicos de proyectos mal gestionados que debieron ser parados por distintas causas e indemnizados por el Estado. El caso más cercano y seguramente recordado por todos es el de Pluna, retrociendo más en el tiempo tenemos el caso del Puerto Moon (denominado ahora puerto Puntas de Sayago) que le costó al Estado 28 millones de dólares. Estos dineros son los que hoy no están para educación, salud, vivienda, aumentos salariales, etc.
Hay cuestionamientos a nivel ambiental en la más amplia acepción de la palabra, hay cuestionamientos a nivel de seguridad, hay cuestionamientos a nivel de conveniencia económica y también hay cuestionamientos a nivel jurídico.
Por todo esto convocamos a la opinión pública a exigir un claro y transparente debate de estos aspectos que hipotecan nuestro futuro, nuestra soberanía, nuestro porvenir y hasta nuestra vida misma.
Exigimos al gobierno posponga la firma del contrato por falta de garantías por lo antes expuesto. En caso contrario nos veremos obligados a iniciar una vía judicial que de garantías de un proceso transparente y participativo.
Coordinación de Vecinos del Oeste