Comunicado de prensa- 7 de marzo de 2013
La Unión de Vecinos de La Paloma Grande (UVLPG) denuncia que el Convenio firmado entre ministerios y autoridades locales y departamentales no está siendo respetado, y manifiestan su preocupación ante la posible falta de cumplimiento en otros niveles que pondría en riesgo el territorio.
El día martes 5 de marzo, acompañado por un fuerte dispositivo de seguridad policial, comenzó el tránsito de camiones cargados de madera hacia el Puerto de La Paloma, con la finalidad de ser acopiada en el puerto para su posterior traslado en barcaza hasta Fray Bentos para ser procesada en la papelera de UPM (ex Botnia), a pesar de que las obras comprometidas no han sido terminadas.
Los vecinos de La Paloma hemos venido manifestando el rechazo a este proyecto por diferentes motivos (no existe un estudio previo de impacto ambiental pese a que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) constató oficialmente afectaciones como las derivadas del dragado, ni tampoco se dio lugar a la participación y aprobación de la población de la localidad), ya que entendemos pondría en riesgo la actividad turística del lugar. Ahora ante nuevas irregularidades volvemos a manifestar nuestra profunda preocupación.
El Convenio suscripto por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Ministerio de Turismo y Deporte (MTD y la Intendencia de Rocha (IR), comprometió la realización de una serie de obras con el fin de mitigar el impacto negativo para el balneario. Esto fue resultado de la organización civil local que a través de manifestaciones, reclamos y denuncias, logró que la Comisión de Seguimiento de las Obras conformada en tales épocas por el MTD, MTOP y la IR y que luego incorporara al Municipio de La Paloma, estableciera en dicho documento que “sin estas obras, no se puede comenzar con el traslado de rolos con destino al puerto de La Paloma y desde allí hacia Fray Bentos”. Si bien hubo una velocidad de ejecución y avances en las obras como nunca antes hemos visto en la zona, las cuales inclusive fueron reanudadas antes de finalizar la temporada, denunciamos con propiedad que las obras no están concluidas: tal es el caso de que no
están terminados los semáforos, las rotondas, ni el ensanche del tramo de la ruta 10.
Nuestro malestar es inevitable porque se continúa con un proyecto que no generará empleo -según han declarado propias autoridades políticas- y que posiblemente tendrá fuertes impactos ambientales, sociales, culturales y económicos. Además todo indica que lo que aparentemente importa es cumplir con las demandas de las empresas transnacionales, aunque eso implique violar lo acordado y pasar literalmente por encima de las comunidades que viven en el territorio. Todo esto ocasiona acciones como las del martes, en la que vecinos se interpusieron en la ruta, deteniendo a algunos camiones.
Los vecinos de La Paloma manifestamos pacíficamente nuestra alarma puesto que este accionar hace que se ponga en juego la veracidad de todo lo acordado. Nos preguntamos ¿cómo quiere el gobierno que confiemos en que van a respetar el Convenio -convenio que es del gobierno, no lo suscribimos nosotros- si desde ya lo ignoran? ¿cuál es la garantía de que no se supere el límite de camiones que se trasladan hacia el balneario, así como el compromiso de que serán no más de 250 mil toneladas de madera anuales? Y por eso la reiteración del reclamo de que se hagan los estudios de impacto ambiental, social y económico correspondientes, y no se siga improvisando y llevando adelante un proyecto que no compartimos.
Finalmente nos preguntamos por quiénes vela realmente el Estado.Por ahora es la propia organización civil quien debe, con un desgaste enorme, seguir de cerca estos casos para que nuestros derechos no sean vulnerados. Este accionar nos ha permitido logros tales como que la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la de Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial hayan sido incluidas en la Comisión de seguimiento de la cual no formaban parte.
Reclamamos entonces que sea el Estado quien cuide su propio patrimonio y los derechos de sus ciudadanos, solicitando a estas entidades más apoyo en funcionar eficientemente como entidades de contralor, ya que la vigilancia social si bien es clave para el desarrollo de una sociedad, desgasta profundamente a las comunidades que deseamos poner esta energía en pos de lo que queremos y no en reivindicar en forma constante por nuestros derechos y por las obligaciones de un Estado soberano de velar por ellos.