“Bienvenida toda la gente aquí reunida, que es la protagonista de esta gran jornada que estamos compartiendo hoy. Se divisan allí los carteles y las pancartas de los más alejados rincones de la Ruta 7. Estamos de pie diciendo bien claro que somos mucho más de 4, mucho, muchísimos más que los 25 ó 30 que han dicho.
Están representadas aquí todas las fuerzas productivas de la Ruta 7, por allí las caballadas símbolo del trabajo y del coraje, más allá los tractores que construyen hoy el día a día productivo de la región.
También participa de esta gran jornada toda la cadena de valor de la agropecuaria, desde el ternero hasta los frigoríficos: profesionales, agrónomos, veterinarios proveedores de insumos, fertilizantes, semillas, camioneros, trabajadores de la industria frigorífica, familias, contratistas, consignatarios, escritorios rurales, personal de ferias ganaderas… Felizmente estamos todos diciendo aquí estamos.
Reafirmamos así nuestra convicción de la capacidad productiva de la zona. Estudios realizados por organismos nacionales y departamentales reafirman la condición de suelos que determinan índices de producción promedios del país. No estamos en suelos marginales, ni de descarte, ni en cerros improductivos. Sabemos de la necesidad de introducir tecnologías que potencien esas posibilidades. Numerosos emprendimientos individuales y colectivos de la zona, con resultados económicos confirmados, así lo acreditan; pero estamos convencidos que este crecimiento económico no es válido sin un desarrollo social que lo sustente. El principal factor de ese desarrollo es lo que sobra en esta zona: el amor por la tierra de los paisanos del lugar, que aun sin tener satisfechas muchas de las necesidades mínimas -luz por ejemplo-, siguen aferrados a sus raíces con la convicción que en esa tierra que tanto quieren crecerán nuevas generaciones como tantas hay hacia atrás, sin importarles tanto su condición económica.
Concluimos que la actividad agropecuaria perdurable en el tiempo es insustituible; y la voluntad del hombre de elegir su lugar, aún más. Aquí está la gente, las historias de todos los que han elegido un
territorio, un lugar donde construir su proyecto de vida. Sabemos que la historia está de nuestra parte. Mientras esta multitudinaria caravana pasaba por Cerro Chato, veíamos el Hospital, donado por un
productor rural de la zona; más allá, las viviendas de MEVIR Dr. Alberto Gallinal, impulso de otro productor rural.
Obras todas de construcción, no de enfrentamientos. Que el pasado, pues, se ponga a favor del futuro. Por todas estas cosas, este momento es principalmente un acto de reconocimiento y celebración de una identidad, de una forma de vida que ha hecho grande a la región y al país. El reconocimiento de esta identidad es, hoy más que nunca, un imperativo moral, ante la situación que se vive desde hace cuatro años en la región. Los pedimentos mineros se extienden sin ningún tipo de limitación, sobre toda esta extensa región productiva, poblada, dañando significativamente el entramado social que sobre ella se asienta.
Como si fuera poca la inseguridad que significa un pedimento minero para un proyecto productivo y personal, hemos sido las víctimas propiciatorias de una política de promoción de la actividad minera impulsada desde las esferas del poder, aliadas a los capitales especulativos. Así, en el plano legislativo -con mayorías muy circunstanciales– se aprobó en el año 2011 la modificación del Código de Minería, que extendió de 4 a 12 años los períodos de indisponibilidad de los predios por las etapas de prospección y exploración.
Este año, con los únicos votos del partido de gobierno, se aprobó la llamada Ley de Minería de Gran Porte -conocida popularmente con Ley Aratirí-, diseñada a medida de éste proyecto extractivo, plagada de
inconstitucionalidades, sin el aval de ningún jurista de nota , con importantísimas renuncias fiscales, y mínimas exigencias en el plano ambiental.
Por si esto no fuera suficiente, se ha desatado desde hace meses una campaña -pagada con los recursos de todos los uruguayos-, para convertir a los pobladores rurales en los villanos del tema de la minería. Desde la constante e infundada apelación a una disputa por la mano de obra, asando por la patética apelación a los payadores para contarles de sus derechos a los trabajadores rurales.
Hay, en este conflicto desatado, una gran asimetría de fuerzas. Por un lado, un gobierno, que no ha entendido al Estado como garante de imparcialidad sino que se ha convertido en gestor de inversionistas y
especuladores. Así, hemos visto al Presidente repartiendo en el Consejo de Ministros los volantes de Aratirí, y más recientemente encomendando a sus ministros la defensa de un proyecto minero, al Ministro de Ganadería en Cerro Chato comparando la Minería con las represas y el ferrocarril y aconsejando, hace 3 años, que no se entorara en la zona.
Hay cosas que, como ciudadanos y como orientales, duelen: mientras los asesores gubernamentales, reciben entre flashes y publicaciones en las páginas de Presidencia al principal de Aratirí, mientras Ministros y asesores se reúnen en Montevideo a diario con autoridades de esta empresa, ¿en qué cajón polvoriento duermen las 3.000 firmas con las cuales Treinta y tres solicitó, respetuosamente, una audiencia al señor Presidente? ¿Dónde reposan los múltiples pedidos de productores de la zona de ser recibidos para escuchar sus razones?
Del mismo lado y amparada por el gobierno, una empresa: domiciliada en un paraíso fiscal, acerca de cuya ubicación aún aguardan explicación los senadores de la República , sin una trayectoria previa en la gestión minera, que actuará amparada en una ley dictada a su medida, con un contrato de inversión con cláusulas confidenciales, con energía , caminos y puerto subsidiados; con un régimen de renuncias fiscales que se han estimado en 700 millones de dólares.
El respeto a la ley es un valor incorporado a nuestra resistencia; por eso, desde el comienzo de éste conflicto, recurrimos a herramientas legales para defender nuestros legítimos derechos. Primero frente al Estado, que autorizó permisos sin darnos oportunidad de presentar descargos; luego frente a la Empresa, que ha pretendido ingresar a predios, invocando el auxilio de la fuerza pública, y la imposición de cuantiosas multas diarias, cuando carecía de títulos habilitantes, practicando intimaciones cuya nulidad fue recientemente declarada por la Justicia Competente.
Como si todo esto no fuera suficiente, hay una gravísima problemática ambiental. A vía de ejemplo, se ha dicho que no se utilizaran productos químicos. Queremos saber ¿qué son entonces las 48.000 toneladas de explosivos químicos anuales, detonándose 145 toneladas día por medio? ¿Cuál será la calidad del aire en la región, con la cantidad de polvo liberadas por las explosiones que viajaran decenas de quilómetros a la redonda, las toneladas de humo y gases que producirán los 200.000 litros de de fuel oil diarios usados? Súmese a esto otros pasivos ambientales como los inmensos cráteres sin precedentes en el país, con sus correspondientes escombreras de 100 metros de altitud y sus drenajes ácidos; la red hídrica de la región en cuestión con los desvíos del Río Yí, los arroyos Valentines, Las Conchas
y Las Palmas, y la afectación de las napas freáticas; desvíos de rutas nacionales, caminos vecinales y posibles reasentamientos de poblaciones cercanas vaya a saber dónde.
¿Todo esto para la implementación de un proyecto extractivo, sin industrialización, y con una duración de 12 años? ¿No será un tema para una gran discusión nacional? Se nos acusa de instalar un clima de miedo, proporcionando datos e informaciones que no son reales, como si responsablemente sacáramos datos de algún folleto conseguido por ahí; no es cierto. Todo lo denunciado públicamente son datos oficiales extraídos de los Estudios de Impacto Ambiental de la propia empresa, presentado ante Dinama, quien con criterio de responsabilidad ciudadana los hizo públicos.
El Gobierno y la Empresa han pretendido aislar la Resistencia Ciudadana, suscribiéndola a un grupito de productores, acusándonos de explotadores, e insensibles. Se ha dicho que somos terratenientes, hoy comprobamos que el latifundio más grande en la zona es Aratirí, con sus 1200 hectáreas acaparadas ya.
Tengan presente: somos solidarios, nos solidarizamos con todos los que pretenden una vida mejor que les permita una realización personal como también un mayor bienestar para con sus familias. Estamos y estaremos codo a codo, aun con los desinformados que apoyan el proyecto Aratirí, pero bien lejos estamos de los que a sabiendas del daño ambiental y social piensan solo en su ambición personal.
Respetamos el legítimo derecho de trabajadores y fuerzas comerciales en pretender un mayor dinamismo en la zona, pero estamos convencidos que la mega minería a cielo abierto no es el camino porque compromete valores ambientales y la salud así COMO LAS VENTAJAS COMPARATIVAS QUE TENEMOS COMO PAÍS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS NATURALES.
Es a la luz de todo esto que nos hacemos ésta pregunta: ¿cómo sería esta zona si todos esos beneficios e incentivos ofrecidos a Aratirí se volcaran para las actividades sobre las cuales tenemos ventajas comparativas? Enfrentados a esta alianza de empresa y gobierno, ciudadanía de a pie, productores familiares pequeños y medianos, preocupados por las consecuencias ambientales y sociales de una minería de esta especie, organizaciones sociales, actores académicos comprometidos, periodistas ambientales y autoridades departamentales han generado a lo largo y ancho del país un movimiento de resistencia que no está dispuesto a silenciar su reclamos ante la presión que viene de arriba, al servicio de los intereses de la Empresa.
Así: hay 13.000 firmas en Tacuarembó para plebiscitar la prohibición de minería metalífera , la Junta Departamental de Lavalleja fue más lejos y aprobó la prohibición en ese departamento, en San José se aprobaron serias limitaciones a la actividad minera. Similares medidas se han propuesto concretamente en los deliberativos departamentales de Florida y Treinta y Tres, en éste último departamento respaldadas por seis mil firmas presentadas a la Junta. En los departamentos de Cerro Largo y Maldonado, se trabaja activamente en el mismo sentido; Paysandú se apresta a declararse libre de Fracking.
Simultáneamente, centenas de recursos administrativos para detener la entrada a los campos desbordan a DINAMIGE, muchas acciones se continúan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, en próximos días la dudosa juridicidad de la ley de Minería de Gran Porte, habilitará seguramente una avalancha de recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
Lejos de reconocer este preocupante nivel de conflictividad, el sorprendente empecinamiento de la Administración en la cuestión se ha traducido en las constantes presiones a la DINAMA, las diarias
declaraciones de jerarcas de gobierno que antes de tener siquiera el diseño del mineroducto (desde febrero de este año Aratirí no contesta sobre el trazado a DINAMA) dan por aprobado el proyecto más conflictivo de los últimos años en la sordera, ante los reclamos de actores académicos y sociales nacionales e internacionales como sucedió en el Juicio Ciudadano y en el Seminario de Naciones Unidas, que han aconsejado cautela, diálogo y garantías para un proceso conflictivo.
A la resistencia instalada a nivel social y académico, se sumó recientemente a nivel político el estrepitoso fracaso de la Comisión Interpartidaria de Minería de Gran Porte. Se demostró, a quien tuviera
alguna duda, que no había voluntad alguna de construcción de diálogo, sino la intención aviesa de que el espectro político avalara a una situación resuelta previamente.
En este mismo proceso, y con características similares, se inscriben los proyectos del Puerto para Aratirí en Rocha, y la Regasificadora en la costa oeste de Montevideo, que encienden fuertes resistencias de las comunidades y de otros actores.
Que estamos ante un conflicto alentado por la falta de imparcialidad del Estado, por un perfil autoritario en la toma de decisiones, y por un intento de avasallamiento de las voces discrepantes, es también un hecho incuestionable.
Que la actividad minera con estas características carece hoy de licencia social está también fuera de discusión, y es bueno que tomen nota de ello las Empresas y el Gobierno.
Así, pues, para que no haya lugar a dudas sobre estos asuntos queremos expresar claramente que: se vive a lo largo y a lo ancho de la ruta 7 por los pedimentos mineros indiscriminados.
Denunciamos públicamente el estado de conmoción social que Responsabilizamos al Gobierno de este clima de conmoción social y de sus graves e imprevisibles consecuencias, por su falta de diálogo constructivo
y su política de hechos “consumados”.
Reclamamos una inmediata moratoria de los emprendimientos mineros, para promover en la sociedad el clima que habilite un gran debate informado sobre la mega minería y sus consecuencias, para que de allí surja una decisión ciudadana sobre el tema”.